lunes, 15 de mayo de 2017

No a la criminalización de lideres indígenas en Venezuela

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA) ante el vil asesinato del dirigente indígena del Pueblo Uwottuja de Amazonas, Venezuela, Freddy Menare

Considerando

1.- Que el día 12 de mayo fue asesinado en la ciudad de Puerto Ayacucho, el líder indígena de la Organización Indígena del Pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo de Amazonas (OIPUS), Venezuela, Freddy Menare.

2.- Que el vil asesinato de nuestro hermano indígena Freddy Menare se da en un contexto de criminalización de la protesta indígena contra los proyectos extractivistas que amenazan los territorios del pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo del Estado Amazonas.

3.- Que por la forma en que fue asesinado, la hora, día y lugar, indica que fue víctima del sicariato que se disputa espacios sin ley en el Estado Amazonas de Venezuela.

4.- Que la organización OIPUS ha venido de manera reiterada denunciando el peligro de esta práctica en el Estado Amazonas desde el asesinato del dirigente indígena Yukpa Cacique Sabino Romero en el Estado Zulia.

Exigimos

1,- El cese inmediato al hostigamiento a los líderes indígenas de Amazonas.

2.- El esclarecimiento del asesinato del hermano indígena Freddy Menare por parte de los órganos competentes.

3.- Que la jurisdicción ordinaria tome en cuenta las resultas de las decisiones de la jurisdicción especial indígena Uwottuja para el esclarecimiento de los hechos.

4.- Medidas especiales de protección a los líderes de la organización OIPUS en particular, y de los dirigentes indígenas de Amazonas en general.


En Mérida, Venezuela, a los 14 días del mes de mayo de 2017


Universidad de Los Andes (ULA)

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

viernes, 12 de mayo de 2017

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA) ante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA) ante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

1.- Los derechos de los pueblos indígenas en la mayoría de las constituciones latinoamericanas fueron consagrados en la década de los noventa (90), como consecuencia de una tenaz lucha indígena, organizándose estos como movimientos sociales y realizando cabildeos, no sólo dentro de los Estados sino también en los organismos internacionales para que sus demandas fueran escuchadas.

2.- En el caso de Venezuela, fue hasta la Constitución de 1999 en la que se reconocerían derechos indígenas rompiendo con la visión agraria que los antecedió.

3.- El Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), reconoce derechos humanos fundamentales para la supervivencia de estas poblaciones como culturas diferenciadas.

4.- Uno de los derechos más importantes es el derecho al territorio. De acuerdo al artículo 119 de la CRBV, el Estado con la participación de los pueblos indígenas deberá demarcar y titular los territorios de estos sectores sociales históricamente excluidos.

5.- Por tanto, el derecho al territorio implicaría no sólo la demarcación sino también la titulación y la gestión de sus recursos.

6.- En la actualidad, el tema de la constituyente no debería ser una prioridad para las poblaciones indígenas en Venezuela, en la medida en que tienen demandas más inmediatas como el ejercicio del derecho al territorio lo cual podría dispersar la concreción de sus derechos reconocidos.

7.- Los pueblos indígenas están siendo amenazados por proyectos extractivos dentro de sus territorios.

8.- Así mismo, la polarización en la que se sumerge la dinámica política venezolana ha cooptado a algunos movimientos indígenas y organizaciones de base, siendo esto contraproducente para la construcción de una agenda de prioridades interculturales consensuada.

9.- La reivindicación fundamental para los pueblos indígenas de Venezuela debe seguir siendo el ejercicio del Derecho al Territorio ya consagrado en la Constitución de 1999.

10.- Las bases sectoriales y territoriales que se proponen en el Decreto 6295 firmado por el Presidente de la República, plantea un enorme riesgo al homologar a organizaciones y corporaciones con afiliaciones partidistas a la condición de pueblos diferenciados, en este caso los pueblos indígenas.

11.- La pretendida pluriculturalidad que se estipula en uno de los puntos del Decreto 6295 igualaría “hacia abajo” la condición diferenciada de los pueblos indígenas conquistada en el proceso constituyente de 1999.    
12.- La constituyente, su iniciativa y convocatoria, debe responder al derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe así como al derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas del país, tal como lo estipula el artículo 120 de la CRBV. A su vez, debe ser sometido a consulta del poder originario tal como lo establece el artículo 347 de la CRBV.

13.- Hoy en día, resulta claro que la apuesta fundamental es avanzar de una fase de reconocimiento de derechos en general y derechos indígenas en particular, hacia la concreción de los mismos acompasando los tiempos de la Constitución a los tiempos de las instituciones por construir.

14.- En todo caso, la constituyente no debe representar una regresión en los Derechos Indígenas ni tampoco de sus formas tradicionales de ejercicio de autonomía y libre determinación.



Universidad de Los Andes (ULA)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)
Mérida, 05 de mayo de 2017


Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) ante la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) ante la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA)

1.- La Organización de Estados Americanos creada en 1948, constituye la organización más solida del sistema interamericano, no solo por los distintos instrumentos jurídicos en materia de DDHH aprobados en su seno, por ejemplo la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino fundamentalmente por sus mecanismos de seguimiento.
2.- La OEA sigue siendo la única organización a la cual pertenece Venezuela que tiene dentro de su estructura dos órganos de DDHH (Comisión y la Corte interamericana) encargadas de la promoción y protección de los DDHH en la región.
3.- La salida de la OEA implicaría una regresión de los DDHH (civiles y políticos y económicos, sociales y culturales) dentro del sistema interamericano, en la medida que cualquier violación de estos derechos sería competencia exclusiva del propio Estado que los vulnera y tiene la obligación de sus garantías.
4.- De acuerdo con los principios constitucionales las violaciones de DDHH deben resolverse dentro del Estado, sin embargo, una vez agotada esta vía los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar sus denuncias ante la Comisión Interamericana determinando si la misma debe ser conocida y resuelta por la Corte.
5.- La concreción de una posible salida de Venezuela de la OEA representaría un retroceso en materia de promoción y protección de los DDHH dentro del sistema interamericano, debido a que los otros mecanismos de integración de los cuales Venezuela es Estado parte NO cuentan aún con instrumentos de promoción y protección de DDHH ni con órganos para dirimirlos.
6.- La importancia de pertenecer a la OEA como Estado parte es que los pueblos indígenas pueden plantear conflictos que surjan con el Estado o terceros en el seno de la Comisión, pues ya Venezuela se retiro de la Corte en el año 2013.
7.- Hasta ahora, uno de los temas más conflictivos entre el Estado y los pueblos indígenas en Venezuela ha sido el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), iniciativa que se está desarrollando vulnerando el derecho a los territorios indígenas que entran dentro de las poligonales del AMO y el de la consulta libre, previa, informada y de buena fe.
8.- En diciembre 2016 la Comisión concedió una audiencia a organizaciones no gubernamentales y académicas de Venezuela para exponer sobre el AMO ejerciendo una importante presión internacional.
9.- Así mismo, la Corte ha tenido un papel importante en el reconocimiento y ejercicio de los Derechos Indígenas, debido a la visión progresista que los jueces tuvieron en los casos de los pueblos indígenas Sarayaku y (Ecuador) y Saramaka (Surinam) entre otros, logrando la reparación por parte del Estado a las violaciones de sus derechos territoriales.
10.- En la actualidad es importante mantenernos como miembros de la OEA, pues en particular con el tema indígena tenemos un instrumento a favor de estos grupos vulnerables como lo es la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. A la par de lo anterior, el Estado venezolano está en deuda con el ejercicio del Derecho al Territorio de estas poblaciones originarias ya que se encuentra desarrollando proyectos extractivistas en detrimento de los derechos consagrados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
11.- Sería una paradoja que el propio Estado vulnerando derechos sea el único competente en materia de promoción y protección de Derechos Humanos, particularmente de Derechos Indígenas.



Universidad de Los Andes (ULA)

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Mérida, 11 de mayo de 2017









miércoles, 26 de abril de 2017

Manifiesto de los Ye´kwana y Sanema ante el Decreto del Parque Nacional del Caura

MANIFIESTO DE LOS YE´KWANA Y SANEMA
ANTE EL DECRETO DEL PARQUE NACIONAL DE CAURA

Nosotros los caciques, los capitanes, los jóvenes y las mujeres de cuarenta y ocho (48) comunidades Ye´kwana y Sanema, en el día de hoy, diecisietes  (17) de Abril del año Dos Mil diecisietes (2.017), siendo las ocho (8:00 pm) de la noche, reunido en la Asamblea Extraordinaria de la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani, en la comunidad indígena de Ninchare,  ubicada en el sector bajo Caura, Municipio Sucre del Estado Bolívar. Manifestamos nuestra posición frente al Decreto de Parque Nacional Caura; primero pretendemos expresar nuestra lucha en los últimos 20 años en relación de demarcación de propiedad Colectiva de tierra y hábitat indígena en el cual  hemos sido constantes, así logramos cumplir los requisitos para el titulo colectivo de nuestra tierra, sin embargo  ha sido incumplido por el gobierno. Razón por la cual reclamamos nuestro derecho originario, fundamental como base para el Plan de Vida.
 Manifestamos  los siguientes:
1.- Somos pueblos originarios de la Cuenca del Caura y Erebato desde miles de años, donde preservamos nuestro hábitat en un ambiente de equilibrio ambiental desde nuestra cosmovisión espiritual.  Que la tierra es fundamental para el Pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones.
2.- La constitución de la República Bolivariana de 1.999, reconoció nuestro derecho sobre todo derechos territoriales en el artículo 119 expresa: El estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus cultura, usos y costumbre, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originario sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan  y que son necesarias para desarrollar y garantizar forma de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar  garantizar el derecho de propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido de esta constitución y en la ley. 

3.- Nuestra posición se basa en mantener la esperanza, en obtener el título Colectivo para seguir manteniendo y recrear nuestra matriz cultural. Que el Pueblo Ye´kwana y Sanema desde el año 2002 ha introducido una solicitud formal de reconocimiento de propiedad colectiva de hábitats y tierras ancestrales y después de 8 años en espera de una respuesta al expediente que cumple con todos los requisitos de ley vemos con preocupación que nuestra solicitud tiene 10 años en demora, y ante el vacío de resoluciones en cuanto a nuestro derecho constitucional no respondido, la minería ilegal avanza en nuestro territorio sin que el Gobierno Nacional ejerza las acciones penales correspondientes y las comunidades se encuentran indefensas ante la presencia de mineros ilegales violando nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.

4.- RATIFICAMOS nuestro objetivo de la reconstitución de la territorialidad integral colectiva del Caura a partir  de la auto demarcación territorial y las áreas ocupadas ancestralmente, como parte de la solución del Estado de la deuda histórica pendiente de 4 millones de Has cuya solicitud de demarcación y titulación hecha en el 2006 no ha tenido respuesta sin explicación alguna de parte del Ejecutivo, siendo que la Procuraduría General de la República emitió y envió a la oficina de la Notaría de municipio Libertador de Caracas para su respectivo registro, como lo dicta la LOPCI, sin que se haya procedido, toda vez que el Ministerio del Ambiente pidió la devolución de dicho expediente, todo lo cual representa una clara violación a nuestros derechos.

4.- El decreto del Parque Nacional Caura, para  es violatorio de nuestros derechos, fundamentalmente el derecho territorial debido a que la figura del parque solo permite las actividades de la educación, investigación, turismo y recreación, ante dicho concepto desde nuestra visión contradice lo que es nuestro modo de vida milenaria.

5.- El gobierno nacional no  hizo  la debida CONSULTA PREVIA e INFORMADA a los 48 comunidades ye´kwana y sanema,  violenta lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución de la República y las disposiciones de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que hacen referencia al procedimiento para la consulta previa, informada y de buena fe, así como de tratados internacionales de protección de los derechos indígenas como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito y ratificado por la República, así como otras normas.   

PROPONEMOS
1).- Nuestra participación en la discusión de propuesta de la construcción;  Plan de Ordenación y Reglamento  de Usos de Parque Nacional Caura, porque somos los guardianes verdaderos que sabemos desde nuestra cosmovisión cuidar  el ambiente desde hace miles de años y lo hemos conservado.
2.- Que se continúe el derecho de la demarcación por el titulo colectivo de hábitat y tierra ye´kwana- sanema.
3.-  Que el gobierno actué para el saneamiento ambiental del CAURA y expulsar los mineros ilegales criollos, colombianos y brasileros que se encuentran en la zona. Por su puesto  expulsar el grupo armado que se encuentran en dicha zona realizando actividades anormales afectando la población indígena.

Para dejar constancia de la decisión tomada los asambleístas firman:

Organización Indígena de la Cuenca del Caura KUYUJANI
Oyaamo (Los Caciques)
Kajichanakomo (Los capitanes)
Los jóvenes
Las mujeres
Los ancianos y las ancianas

miércoles, 5 de abril de 2017

Importante sentencia en Perú ha declarado la nulidad del contrato de licencia de exploración y explotación del lote 116 de los pueblos Awajún y Wampis

En el pronunciamiento que realizan los pueblos Awajún y Wampis se señala que la sentencia dictada por el Juzgado Constitucional 4° de Lima, es consecuencia de la lucha de los pueblos indígenas y de los esfuerzos de articulación de sus organizaciones representativas con las instituciones de la sociedad civil que las acompañan. 

Resulta interesante esta sentencia a favor de los pueblos indígenas, en la medida, que el poder judicial asume un rol de garante de los derechos de estas poblaciones vulnerables, frente a la política extractiva del aparato estatal.

En el caso de Venezuela el Estado no ha realizado a los pueblos indígenas afectados por el proyecto del arco minero, la consulta previa, libre, informada y de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales, lo cual constituye una violación no sólo de este derecho sino fundamentalmente del territorial; afirmando que este último, es esencial para la supervivencia de estas poblaciones como culturas diferenciadas. 

Pronunciamiento de los pueblos Awajún y Wampis saludando trascendental sentencia que ordena la realización de la consulta en el lote 116. 


En el caso de Venezuela podemos ver el informe del GTAI, PROVEA y Laboratorio de Paz sobre la situación del Derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe en Venezuela 2016:


martes, 4 de abril de 2017

Frente al contexto venezolano del Decreto Parque Nacional Caura vale la pena volver a leer el artículo de Aguilar & Bustillos sobre Hábitat Indígena


Consensuando Hábitat Indígena con áreas protegidas en Venezuela: El caso del Parque Nacional Parawata.
Por: Vladimir Aguilar & Linda Bustillos

Resumen: 

El propósito de esta artículo es el de plantear consensos en torno a una figura de Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), que permita consensuar los sistemas de conocimientos tradicionales indígenas con la protección ambiental. El planteamiento del Instituto Nacional de Parques en torno a la necesidad de crear un parque nacional (denominado Parawata) en la región sur del Estado Bolívar, se contrapone con la idea de configurar un área protegida que tenga como fundamento los planes de vida contenidos en los procesos de autodemarcación sobre sus hábitat y tierras, avanzados desde y por los propios pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, Venezuela es un país con una larga tradición en cuanto a las declaratorias de áreas protegidas. Esto que se ha sostenido en un conjunto de leyes ambientales de larga data han creado un mecanismo de garantía y protección a los recursos biológicos allí existentes.

Consideraciones jurídicas en torno a la declaratoria del Parque Nacional Caura

Consideraciones jurídicas en torno a la declaratoria del Parque Nacional Caura
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)
Universidad de Los Andes

           Antecedentes


  • No obstante, después de tanto tiempo sin una declaratoria de ABRAE, el decreto de Parque Nacional Caura pudo haber trascendido la visión preconstitucional de las áreas protegidas.

  • Finalmente, el decreto se produce en medio de una ofensiva de asociaciones estratégicas con empresas transnacionales (específicamente canadienses) en el marco del gran negocio llamado Arco Minero del Orinoco, así como de una de las mayores crisis institucionales y de dualidad de poderes existentes en el país.

  • El 21 de marzo de 2017 mediante Decreto 2767 aparecido en Gaceta Oficial número 41118 el Ejecutivo Nacional se procedió a la declaratoria del Parque Nacional Caura.

  • La declaratoria de Parque Nacional se da en un contexto de inexistencia de declaratorias de áreas bajo régimen de administración especial en estos años de gobierno.

  • El Parque Nacional hubiese podido prefigurar la solución al reconocimiento y titulación de grandes extensiones de hábitats indígenas con una doble condición cultural y ambiental.

  • No obstante, después de tanto tiempo sin una declaratoria de ABRAE, el decreto de Parque Nacional Caura pudo haber trascendido la visión preconstitucional de las áreas protegidas.

  • Finalmente, el decreto se produce en medio de una ofensiva de asociaciones estratégicas con empresas transnacionales (específicamente canadienses) en el marco del gran negocio llamado Arco Minero del Orinoco, así como de una de las mayores crisis institucionales y de dualidad de poderes existentes en el país.